English translation ((Para artículo en español, desplácese hacia abajo)
People who are HIV positive and who want to maintain a permanent or eventual relationship with their partner, should inform them of their status as a carrier of the virus, as established by a new law in the country.
The Legislative Assembly approved in the plenary session, Wednesday of this week, the new Law on Prevention and Control of Infection caused by the Human Immunodeficiency Virus.
The regulations were described by the Atlacatl Vivo Positivo Association as “a setback” in defending the human rights of HIV positive people. In the section that refers to the duty to communicate, article 15, third paragraph of the law states that “any person who has been notified of his / her serological condition is obliged to communicate this situation to his / her partner, whether permanent or casual,”
The director of the Atlacatl Association, Odir Miranda, said that the law is criminalizing people who HIV positive “because it is forcing us to reveal that we are HIV positive; The other is that I can accuse a person and say that she infected me and I have no way to prove whether it was her or someone else “Miranda said.
He added that another disadvantage to which the new regulations exposes them is that by forcing them to say they have the virus, they are not likely to obtain housing, life insurance and hardly likely to get jobs, he explained
That aspect of the law is very serious, says Miranda, because they can not be exposed to regulations that, instead of helping to defend the human rights of HIV-positive people, will criminalize them, he said.
The Atlacatl Association criticized the fact that the body governing the regulation is the Ministry of Health, as embodied by article 3 of the new law. Miranda questions this because, according to him, The Ministry of Health is judge and part with its functions.
He added that the state portfolio, as the lead agency, will not be impartial when imposing sanctions for complaints against discrimination in the hospitals of the public network and the Salvadoran Institute of Social Security.
“There are many complaints of discrimination that we have put against hospitals and so far nothing has been done,” Miranda said.
In practice the law is nothing new, what’s more, it would better if it was repealed because it rights woudd be better, he said.
The only thing that the Public Health Commission of the Legislative Assembly did with the new legislation, then approved by the plenary, was to empower the Ministry of Health and change the name of the National Commission against AIDS (Conasida) to the National Commission Against HIV (Conavih).
According to him, the law has wanted to sell itself as a human rights approach, but it does not have it because they have left out the Ministry of Labor and Education, who are part of the main bodies in the national response to HIV.
The National HIV Commission is made up of the Ministry of Health, the Higher Public Health Council (CSSP), the Ministry of Foreign Affairs, the Office of the Procurator for the Defense of Human Rights (PDDH), the Associations and Foundations whose objective is prevention of The Medical School, the Ministry of Social Inclusion and the National Institute of Youth.
When discussing the draft law that was approved on Wednesday, the Atlacatl Association proposed that the governing body be an institution detached from the Ministry of Health because the approach they sought was a multisectoral participation with the Attorney General’s Office, and the Supreme Court, among others.
With this framework of disadvantage, according to Miranda, they will ask the President of the Republic, Salvador Sánchez Cerén, to veto the new law because it gives a negative message to the country in response to HIV.
Miranda called the regulations a delay to what has been achieved in terms of fighting and responding to the disease. “We will target activities towards the Presidential House so that it does not sanction it,” he said. He even said that they could go to the Inter-American Court of Human Rights to denounce the law.
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Portadores de VIH obligados a decir su condición a su pareja sexual
La Asamblea legislativa aprobó la nueva Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia. La ley aún debe ser sancionada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
Las personas que se encuentren con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que quieran mantener una relación permanente o eventual con su pareja, deberá informarle su condición de portador del virus, según ha quedado establecido en una nueva ley del país.
La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria, del miércoles de esta semana, la nueva Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.
La normativa fue calificada por la Asociación Atlacatl Vivo Positivo como “un retroceso” en la defensa de los derechos humanos de estas personas. En el apartado que se refiere al Deber de comunicar, el artículo 15 inciso tercero de la normativa establece que “toda persona que haya sido notificada de su condición serológica, está obligada a comunicarle tal situación a su pareja, ya sea permanente o eventual”, expone.
El director de la Asociación Atlacatl, Odir Miranda, aseguró que la ley está criminalizando a las personas con VIH positivo “porque nos está obligando a revelar que somos VIH positivo; lo otro es que yo puedo acusar a una persona y decir que me infectó y no tengo la manera de probar si fue ella u otra”, expuso Miranda.
Agregó que otra de las desventajas en la que los expone la nueva normativa es que al obligarlos a decir que tienen el virus, no son sujetos a obtener viviendas, un seguro de vida y difícilmente les dan empleo, explicó
Ese aspecto dentro de la ley es muy grave, dice Miranda, porque no pueden exponerse a tener una normativa que, en vez de ayudar a la defensa de los Derechos Humanos de las personas VIH positiva, va a criminalizarlos, aseguró.
La Asociación Atlacatl criticó que el ente rector de la normativa sea el Ministerio de Salud, tal como quedó plasmado en el artículo 3 de la nueva ley. Mirando cuestiona ese hecho porque, según él, el Salud es juez y parte dentro de sus funciones.
Agregó que la cartera estatal, como organismo rector, no será imparcial al momento de imponer sanciones por denuncias contra discriminación en los hospitales de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
“Existen muchas denuncias de discriminación que hemos puesto contra los hospitales y hasta ahora no se ha hecho nada”, lamentó Miranda.
Pare él, prácticamente la ley no tiene nada nuevo, es más, estaba mejor la que fue derogada porque les garantizaba mejor sus derechos, dijo.
Lo único que hizo la Comisión de Salud Pública de la Asamblea Legislativa con la nueva normativa, y aprobada por el pleno, fue darle facultades al Ministerio de Salud y cambiar el nombre de la Comisión Nacional contra el Sida (Conasida) por el de Comisión Nacional Contra el VIH (Conavih).
Según él, la ley la han querido vender con un enfoque de derechos humanos, pero no lo tiene porque han dejado afuera al Ministerio de Trabajo y al de Educación, quienes son parte de los entes principales en la respuesta nacional contra el VIH.
La Comisión Nacional contra el VIH está conformada por el Ministerio de Salud, Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las Asociaciones y Fundaciones cuyo objetivo sea la prevención de la enfermedad, Colegio Médico, la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Nacional de la Juventud.
Cuando se discutió el anteproyecto de la ley que se aprobó el miércoles, la Asociación Atlacatl propuso que en ente rector fuese una institución desligada del Ministerio de Salud porque el enfoque que buscaban era una participación multisectorial en donde estuviese la Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Con ese marco de desventaja, según Miranda, pedirán al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que vete la nueva ley porque da un mensaje negativo del país en la respuesta al VIH.
Miranda tildó la normativa como un retraso a lo que se había logrado en cuanto a la lucha y respuesta a la enfermedad. “Vamos hacer acciones hacia Casa Presidencial para que no la sancione”, aseguró. Incluso, dijo que podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la normativa.
